La Unión Sindical Obrera (USO) se desmarca de la convocatoria unilateral de movilizaciones para el mes de diciembre anunciadas por los sindicatos CCOO y UGT, mientras no asuman la democratización del marco sindical como pieza clave para la consecución de los objetivos que el conjunto de la sociedad necesita y se permita oír la voz de una gran parte de la sociedad a la que representamos otras organizaciones, y anuncia reuniones con los distintos grupos parlamentarios junto a actos reivindicativos propios.

Tras la conformación del nuevo gobierno, USO reitera las prioridades políticas que necesita la sociedad y advierte del peligro de prolongarlas aún más en el tiempo. La recuperación económica tiene que traer de forma inmediata calidad al empleo, reducción significativa de las tasas de pobreza y la sostenibilidad y calidad del sistema público de protección social.

Es el momento de un nuevo modelo de Diálogo Social y un nuevo marco de negociación colectiva verdaderamente representativo, al servicio de los trabajadores y trabajadoras, dejando de blindar por ley el monopolio sindical actual que ha demostrado ser insuficiente y que debilita al resto del movimiento sindical.

El último comunicado conjunto entre patronales y CCOO y UGT es una repetición de los pasados, que han ido sujetos a temas más de conveniencia institucional que a las cuestiones urgentes que necesita la sociedad, y que no han pasado de ser más que una mera declaración de intenciones.

Por todo ello, USO manifiesta:

• La firme convicción de poner fin a las políticas de austeridad y la apuesta por un plan estratégico de estímulo económico y del empleo, retrasando las exigencias de la UE de reducción del gasto mientras no haya una verdadera mejora en conjunto de la ciudadanía y buscando políticas alternativas a medio plazo para el cumplimiento de los compromisos de consolidación.
• USO solicita al nuevo gobierno priorizar: la reducción de la tasa de desempleo con medidas concretas e inmediatas; el crecimiento de los salarios; la recuperación de las condiciones laborales y de trabajo estable, pleno y con derechos, con una reforma sustancial de la última Reforma Laboral y la retirada de bonificaciones que no generen empleo neto; el incremento del salario mínimo interprofesional; el impulso de los sectores industriales; la inversión en infraestructuras e investigación y desarrollo; los planes de choque para el desempleo de larga duración; la revisión de la Garantía Juvenil, la lucha contra el fraude laboral, junto a un nuevo planteamiento del Sistema de Formación para el Empleo al servicio de los trabajadores y no de las organizaciones que quieren seguir controlando esos fondos.
• La USO exige la defensa del sistema público de protección social, con pactos de estado que garanticen una educación de calidad pública y sostenida con fondos públicos, junto a la sanidad, dependencia, la calidad y garantía de nuestras pensiones, protección por desempleo y los servicios públicos esenciales.
• Manifestamos la urgente necesidad de una distribución equitativa de la riqueza y una lucha decidida contra la pobreza que una parte muy importante de nuestra sociedad está padeciendo, mediante una reforma a fondo en materia fiscal que contemple un justo reparto de las cargas tributarias, la lucha contra el fraude y la corrupción, la planificación y los paraísos fiscales, y que todos aporten según lo que realmente perciben de forma definitiva.
• Que se aborde, por salubridad constitucional, la regeneración democrática del marco político y sindical, con sendas reformas de la Ley Orgánica de Libertad Sindical y la normativa electoral sindical actual y fijación de mínimos análogos de representatividad institucional a los que existen en el ámbito político, que garanticen realmente la pluralidad actual de la sociedad, que sea más democrático y participativo, sin sectarismos e irracionales exclusiones, ni prebendas injustas hacia determinadas organizaciones que cuentan con suficiente implantación y que representan a muchos miles de trabajadores.
• Es imprescindible un cambio profundo en el modelo de Diálogo Social en nuestro país, alejándose de la institucionalización patronal y sindical actual y de los acuerdos marcos inútiles a los que hemos asistido en los últimos años, mediante un nuevo marco de interlocución entre gobierno y centrales sindicales, y de relaciones laborales, junto a una normativa que legitime el papel de las distintas organizaciones sindicales.