El RDL 3/2016 encomienda al Gobierno, en su disposición adicional única, fijar el salario mínimo interprofesional para 2017 aplicando un incremento del 8% con respecto del establecido para 2016. De este modo el Salario Mínimo Interprofesional, que se elevará a 707,6 euros en 2017, supondrá una subida de 52,4 euros al mes.

Desde USOCV valoramos positivamente este incremento, puesto que se trata de la mayor alza del salario mínimo en 30 años, aunque lo consideramos insuficiente ya que el SMI debería alcanzar el 60% del salario medio, tal y como recomienda la Carta Social Europea, situación que en estos momentos no se produce.

Sin embargo, a pesar de esta subida continuamos a años luz de países del entorno europeo como Luxemburgo con 1.922,96 euros mensuales, seguido de Bélgica 1.501,82; Irlanda 1.461,85; Holanda 1.501,80; Francia, 1.457,52€ o Reino Unido, con 1.378,87€.

Como ya denunciamos hace meses desde USOCV, más de 5,5 millones de trabajadores en España, el 35%, cobran salarios inferiores al SMI. Según los últimos datos de la Agencia Tributaria, referentes a 2014, más de 3,6 millones de trabajadores percibían salarios de hasta la mitad del SMI, mientras que 2,1 millones tenían sueldos cercanos a una vez el SMI. Creemos que esta subida servirá para incrementar el salario de los directamente afectados y que debe traducirse en un aumento de las retribuciones en esta banda salarial tan castigada por la precariedad y el subempleo.

Como ya reivindicamos desde nuestro sindicato ante las propuestas de incremento en el AENC para 2017, los trabajadores necesitan ahora, más que nunca, una verdadera revalorización de los salarios para incrementar la capacidad adquisitiva de los ciudadanos, estimulando el consumo y la demanda interna.

Además, entendemos que un parámetro de tanta relevancia como el SMI, referencia para el cálculo de la base mínima de cotización, de la prestación de viudedad y orfandad, de prestaciones familiares, prestaciones de desempleo, etc., en un contexto de aumento de la pobreza y de descenso de la protección social, debería se abordado por la totalidad de los agentes sociales implicados, haciéndose necesaria, una vez más, la apertura del diálogo social. rompiendo con su carácter excluyente y discriminatorio.